NO AL CODIGO CONTRAVENCIONAL DE SCIOLI.

Por Leo Herrera Secretario Político FJC Provincia de Buenos Aires.



No es un hecho aislado ni un desliz por derecha lo que estaría por acontecer en la provincia de Buenos Aires en materia penal y contravencional, provincia donde gobernaron sucesivamente Eduardo Duhalde, Carlos Ruckauf y Felipe Sola sin muchas diferencias entre si, provincia donde política, justicialismo, narcotráfico, votos, gobernabilidad, conurbano, policía y corrupción han sido, todo este tiempo del post-proceso, parte del mismo paquete y ese paquete mismo ha sido lo más lejano a alguna idea de progresismo y de cómo gobernar sin escaparse por la tangente derecha. Y en lo particular de la administración Scioli no es tampoco un hecho aislado, pues esto se enmarca dentro del plan “Tolerancia Cero” inaugurado en el nacimiento mismo de la gestión del motonauta en el año 2007, sin más ambigüedad que la claridad con la que fue lanzado bajo la consigna “Que la policía gane las calles” y particurmente chocante para los y las que al calor de la rebelión popular y la ruptura cultural del 2001 hemos tomado las calles como arena natural de la protesta y la participación política para la organización popular.

Particularmente hiriente también para los y las que encontraron en las calles las más variadas herramientas de subsistencia ante la discriminación y exclusión del mundo laboral formal y el desguasamineto neoliberal de la estructura productiva del país y más pertinentemente el de la ciudad y la provincia de Buenos Aires. El nuevo proyecto de ley, elevado por el poder ejecutivo de la provincia, que establecerá una reforma cualitativamente más opresiva y represiva en el código de faltas provincial será de impacto directo negativo sobre la calidad de vida de los bonaerenses y en particular de los jóvenes y de nuestras practicas sociales culturales y políticas, que en función de la lucha contra la inseguridad somos el principal objeto de represión y control.

Los códigos contravencionales o de faltas son reglamentaciones existentes en los veinticuatro distritos del país, fueron creados para ampliar el margen de acción de las policías distritales que con esto tienen capacidad de detención, sin precisar de una orden judicial, en perspectiva de prevenir el delito bajo una artística y libre interpretación de los comportamientos sociales en los ámbitos públicos por parte de la misma. El proyecto de reformas para un nuevo código contravencional de la provincia, elevado a las cámaras provinciales por el gobernador Daniel Scioli y los ministros Carlos Stornelli y Ricardo Casal (de Seguridad y Justicia respectivamente), posee una amplísima gama de categorizaciones del comportamiento de las personas donde la policía bonaerense tiene un margen amplísimo, abierto y muy ambiguo con el cual manejarse y al cual imprimirle sus practicas, prejuicios y conceptos que la han caracterizado estructuralmente. Merodeo, vagancia, escándalo, alteración del orden publico y alcoholismo son algunas de las categorías que caratulan aquello que el sospechoso efectúe y que lo harán obtenedor de una detención y una multa por contraventor que según establece el código seria desde $7000 y que si no hubiere posibilidad de pagarla por parte del contraventor esta seria canjeada por unos 30 a 60 días prisión. Claro está que aquellos que portamos cara de “marginales”, cara de hijos e hijas del “aluvión zoológico del interior” y nuestros lugares de recreación son de propiedad publica (como plazas, veredas, campitos y playones) seremos los primeros y los y las que más probaremos las diferentes caratulaciones de este código y casi de más está decir que la posibilidad de contar con “7 luquitas” para zafar del garrón es poco más que una ilusión y que si las tuviésemos elegiríamos pasar treinta días en cana porque es bastante lo que podríamos hacer por nosotros y nuestras familias con siete mil pesos, algo así como cuatro o cinco sueldos.

Hay bastantes más aberraciones que estas carátulas generalizadas en este código de 164 artículos. Obran con intachable represión contra actividades consideradas faltas como la prostitución (con la aseveración de considerar “gente disfrazada” a las travestis), la de ser trapito cuidacoches, mendigo, limpia vidrios, puestero y vendedor o vendedora ambulante, con tirano propósito sobre aquel o aquella que quedándose afuera de la estructura productiva formal no tiene otra que apelar a esas actividades que por su informalidad y marginalidad son sospechadas de provocantes de la inseguridad. No solo es un enfoque compartido con la gestión de la Ciudad de Buenos Aires, sino que este código es aun más duro que el que proponen Macri y Montenegro.

Y para la organización popular también hay, por supuesto, pues todo aquel que ande de “cara tapada”, “exija dadivas”, “porte armas que no sean de fuego” (¡¿?!), que pinte o pegue carteles en las paredes en cantidad de tres o más personas es considerado un contraventor. El código habla por si solo.

Baja el código de faltas de: http//noalcodigodescioli.blogspot.com/

Desde ya que esto no es una iniciativa que pueda pasar desapercibida, ni por debajo de la mesa, ni que no le traiga costos políticos a la gobernación en cuanto a relaciones con los organismos de derechos humanos y con algún sector progresista del Frente para la Victoria. Pero aun con las comisiones y organismos de DDHH en contra, con los diputados mas progresistas en contra y el con panradicalismo en contra (por oposición sistemática) el sciolismo se las ingenio para trazar un acuerdo con los diputados y senadores provinciales de la inefable Unión-Pro, que darían un cómodo quórum y aprobación en general en ambas cámaras. En la cámara baja el oficialismo cuenta con un bloque de treinta y siete diputados a los cuales sumados los dieciséis de Unión-Pro superarían por siete los cuarenta y seis necesarios para aprobar la norma. En tanto que en la cámara alta la bancada oficial cuenta con diecinueve senadores a los cuales se le sumarian los seis de de la bancada Unión-Pro, con lo cual superarían por uno los veinticuatro necesarios.

En marcos generales el sciolismo es parte y miembro del frente de gobierno nacional, al cual reconocemos como muy buenos los logros alcanzados en materia de derechos humanos, el destrabe de los procesos judiciales contra los genocidas, ayuda para sacar de funcionamiento antiguos centros de detención, revisión histórica oficial sobre el papel de sus autoridades militares, ayuda económica a organismos de derechos humanos, las querellas presentadas por la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación. Pero sucede que a la coalición kirchnerista le emanan algunos aliados por derecha que le otorgan cierta estabilidad y gobernabilidad a la administración nacional, como es el caso de la CGT de Hugo Moyano y la mismísima gobernación de Daniel Scioli, que es un hombre con una imagen positiva más fuerte que la de los Kirchner por parte de la opinión publica, que no es tan castigado por el monopolio mediático, que es un hombre de gran vinculación con la Unión Industrial y sumamente tolerable para la Sociedad Rural y la CARBAP y desgraciadamente el gobierno nacional, como ante la ya en ejecución ley provincial de control nocturno, ejerce la vista gorda cuando Scioli viola los más elementales derechos humanos en función de su política de “Tolerancia Cero”.

Vemos así que el Gobernador no solo es capaz de hacer los coqueteos oportunos con el ex presidente Duhalde, enfrenta al FpV en elecciones municipales como las Pinamar y opta ser asesorado confesamente por el ex gobernador Ruckauf en cuanto a este código de faltas, sino que también se da la opción de plasmar su propio arco de alianzas en cuanto tareas legislativas con las bancadas fascistas de la Unión-Pro en la Provincia de Buenos Aires. Sin ninguna duda Scioli comparte con el Narvaismo-Macrismo un enfoque ideológico en cuanto a la protección de la moral publica, las buenas costumbres ciudadanas, la necesidad de la baja de la edad de imputabilidad y la lucha contra la inseguridad.

En una provincia que tiene un déficit fiscal de 5.600 millones de pesos, la inmensidad de 60.000 efectivos bonaerenses en las calles y en donde dos leyes provinciales de carácter progresista como la ley de protección a los derechos de la niñez (sancionada en el año 2006, en reemplazo de la nefasta ley de patronato) y la ley de protección a las personas en situación de calle (sancionada en el año 2009) esperan por su articulación, financiación y ejecución, que bien permitirían un abordaje apropiado a la problemática del delito y la sensación de inseguridad, son un despropósito total e ideológico las políticas de una gobernación que opta por las, altamente financiadas, salidas opresoras y represivas. No solo por considerar estas buenas para el proselitismo ante la opinión pública, sino también efectivas en el afán de lograr el control y la paz social.

Es resolución del la reciente sesión del Comité Provincial de la FJC del 10 y 11 de abril (celebrado en la ciudad de Tandil) el lanzamiento de un fortísimo plan de lucha contra el código contravencional.