La semana pasada la presidenta Cristina Fernández de Kirchner decretó, como complemento de la Ley contra la Trata de Personas, la prohibición de los avisos de oferta sexual en medios gráficos, que también se haría extensible a Internet. Dándole cabida de esta manera a reclamos históricos, si bien con diferentes perspectivas e intencionalidades, de sectores feministas por un lado, y de sectores eclesiásticos y del poder económico por el otro.
Los fundamentos que se presentan a favor del decreto son que favorece a las redes de trata y que se estereotipa a la mujer en su condición como tal (a esto habría que agregar a las trans y los hombres). Estos criterios pueden ser válidos, pero consideramos que para la solución de los problemas se debe partir de bases reales y que busquen integrar a todos los actores involucrados.
Sabemos que nuestra posición no le caerá bien a muchas personas, especialmente a los sectores del poder económico, policial, judicial y político que con voracidad aprovechan la oportunidad de expandir y controlar sus negociados clandestinos.
Lo sabemos, pero lo fundamental es ponerse del lado de quienes sufren la mayor exclusión y quedan desamparadas: las trabajadoras sexuales. Lo principal es que su voz acallada por la represión se oiga bien fuerte.
Nadie puede negar cuánto facturan Clarín, La Nueva Provincia y tantas otras empresas periodísticas con los clasificados de oferta sexual. Nadie puede negar que forma parte del círculo de explotación hacia las prostitutas. Pero tampoco nadie podrá negar que el publicar sus avisos a muchas les ha traído la oportunidad de salir de la calle y no tener que someterse a los aprietes y las coimas de la policía, organismo que precisamente pareciera manejar tanto el negocio de la prostitución como el de la trata.
Y es que es necesario separar los términos. La trata de personas es un delito gravísimo, es la esclavitud consumada en el siglo 21; es el segundo negocio, después de la venta ilegal de armas, más rentable del mundo; se encuentra destinada sobre todo a la explotación sexual, a labores rurales, domésticos y en talleres textiles clandestinos. Pero la prostitución es y puede ser otra cosa.
Existen cabarets, departamentos privados, trabajo en la calle, regenteados por proxenetas (lo cual en sí es un delito tipificado), y del otro lado existen aquellas trabajadoras y trabajadores sexuales que lo hacen por su cuenta y para sí. En el primer caso, el fiolo “asegura” que no habrá problemas con la policía. Recordemos que por contravención está prohibida la oferta y demanda sexual callejera. Y no hace falta recordar cómo los agentes de la ley “evitan” que una trabajadora sexual vaya presa.
¿Pero acaso piensa la policía que no sabe este pueblo que recurrirán a la “averiguación de antecedentes” y a cuanta ley ambigua tengan a mano para “evitar” que una prostituta vaya detenida?
No sólo las coimas y la corrupción generalizada (que por otra parte nunca dejaron de existir) se verán acrecentadas, sino también el riesgo de ser golpeada, abusada, vejada, torturada, humillada, asesinada. Y también sabemos que la Justicia no se caracteriza precisamente por defender a las trabajadoras sexuales. Como así también sabemos que quien se atreve a hablar como Viviana Aguilera “aparece” asesinada.
En el caso de las trans, además, se suma el elemento mayoritario de la imposibilidad real de conseguir otro trabajo. La discriminación profunda hacia su identidad de género que subsiste en nuestra sociedad no permite la educación, la capacitación, el acceso a la salud, el trabajo y su desarrollo pleno como seres humanos y ciudadanas.
Consideramos que el trabajo sexual debe ser una elección, no un destino. Pero sabemos que para eso hace falta un largo camino que debemos recorrer entre todas y todos porque forma parte de nuestra sociedad, de la democracia, de la inclusión, del respeto pleno a nuestros derechos humanos. Forma parte de nuestra identidad.
En ese sentido, sostenemos que la derogación del artículo 68 del Código Contravencional que prohíbe la oferta sexual callejera debe ser inmediata. Sostenemos que a quien se debe perseguir no es a la trabajadora o al trabajador sexual que realiza su labor o bien por elección o porque las condiciones económicas y sociales lo han llevado a eso. El Estado y la sociedad deben poner su ojo, sus oídos, su voz y su acción contra el proxenetismo, contra la Justicia cómplice y silenciosa, contra el poder político que no da la cara… contra la corrupción, la impunidad y el proxenetismo encubierto en la policía.
FEDERACIÓN JUVENIL COMUNISTA - GRUPO 83
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